Publicación original en inglés: Vergara-Perucich, F., & Boano, C. (2021). The big bang of neoliberal urbanism: The Gigantomachy of Santiago’s urban development. Environment and Planning C: Politics and Space, 39(1), 184–203. https://doi.org/10.1177/2399654420946759
Resumen
Este estudio presenta una historia espacial de los orígenes de la neoliberalización de Santiago, develando su historia urbana desde el punto de vista de las condiciones socioespaciales del suelo (o propiedad), como elemento en el centro de la disputa de las clases sociales por la vida urbana. Sitúa la contestación y lucha por el suelo urbano en una progresión genealógica desde los orígenes del campo disciplinar del urbanismo (1932) hasta la transformación de su marco regulatorio, convirtiéndolo en una práctica exclusivamente lucrativa y complementaria a los procesos de creación de riqueza a través de las transformaciones urbanas (1979). Como alegoría, utilizamos la Gigantomaquia para interpretar estas luchas. Se da especial énfasis a las luchas por la tierra que se dieron en Santiago como parte de este proceso que comienza con la migración campo-ciudad y cómo la toma de las tierras (privadas) se convirtió en alternativa a las incapacidades del Estado y del propio mercado, para resolver la condición de pobreza urbana. Esta contestación llevaría a la clase dominante a buscar políticas radicales que aseguren la defensa de su propiedad. Este estudio presenta al neoliberalismo como una respuesta a tal búsqueda. El neoliberalismo en Santiago fue la forma de transformar el problema de la escasez de vivienda en un gran negocio para la clase dominante. El estudio esboza históricamente este proceso en lo que puede considerarse como la primera política urbana neoliberal en el mundo, representando el big bang del urbanismo neoliberal.
Introducción
El objetivo principal de este trabajo es ofrecer una interpretación de las causas espacio-políticas que alimentaron el golpe de Estado en Chile y el posterior surgimiento de una férrea defensa de la propiedad privada y, por ende o a través de esto, de una completa neoliberalización del espacio y las prácticas socioespaciales, condición que marcaría la historia urbana de Chile. La literatura (Salcedo y Rasse, 2012; Scarpaci et al., 1988) ha presentado cómo la intención de reducir el déficit durante los gobiernos de Frei y Allende aumentó la tensión entre las clases sociales, pero se ha prestado poca atención a la forma en que tales cambios espaciales influyeron de una forma más permanente los fundamentos ideológicos del neoliberalismo. Con el objetivo de contribuir en estos aspectos interpretativos de la historia, este trabajo ofrece una narrativa histórica de cómo el golpe de Estado y sus causas espaciales han surgido desde lo que Henri Lefebvre llamó un punto crítico de un proceso de implosión-explosión (Lefebvre, 2003) infundido por prácticas extra-capitalistas de violencia para proporcionar la chispa que conduce a la explosión del capitalismo, ó bien el big-bang del neoliberalismo urbano. Excavando en la historia urbana de Santiago, pudimos rastrear ese momento de big-bang hasta la contestación de los derechos sobre la tierra en la comuna de Las Condes, entendida como la primera gran urbanización social de Allende cerca de un barrio de clase alta de Santiago, distinta a otras disputas por el suelo como la reforma agraria, que en conjunto apuntaro a distribuir de forma mas justa el espacio para mejorar las condiciones de vida general de los habitantes.
Para comprender la complejidad espacial y el carácter violento de la neoliberalización del espacio en Santiago, el trabajo complementa su andamiaje intelectual con el reconocimiento de Gago y Mezzadra (2017) del extractivismo como una forma violenta de capitalismo sobre los territorios en sus amplias representaciones sociales. Metodológicamente hablando, el trabajo pretende complementar la revisión de la historia urbana reciente de Santiago, adoptando el método de la historia social basado en Hobsbawm (1971) y los historiadores chilenos Gabriel Salazar y Julio Pinto (2014). Los principios de la nueva historia social informaron la nueva historia urbana en la que los temas sociales tienen una influencia significativa sobre los procesos urbanos (Celik y Favro, 1988). Así, el trabajo articula la narrativa histórica de la política de la ciudad y sus transformaciones espaciales para ofrecer una interpretación novedosa de las posibles causas que desencadenaron el proceso neoliberal.
Santiago es considerada la primera ciudad del mundo donde se implementó el neoliberalismo en 1975 (Brenner et al., 2012; Harvey, 2005; Klein, 2007) y, por lo tanto, constituye un ejemplo arqueológico para estudiar las prácticas urbanas neoliberales y las consecuencias espaciales de su implementación. Analizando la historia espacial de Santiago, el texto desarrolla un análisis sobre su transformación neoliberal como respuesta a la contestación en torno a la propiedad privada en los clusters de clase alta de Santiago. Tras esbozar brevemente las dimensiones espaciales clave del neoliberalismo que ayudan a situar y enmarcar su evolución histórica posterior, el documento describe la democratización de la ciudad durante los gobiernos de Eduardo Frei Montalva (1964-1969) y Salvador Allende (1970-1973), y las principales transformaciones políticas relacionadas con la política urbana aplicada durante la dictadura de Pinochet que son las bases del urbanismo neoliberal occidental.
Neoliberalismo y extractivismo: Coordenadas básicas
El neoliberalismo es un "concepto escurridizo" examinado desde una multiplicidad de categorías conceptuales y ámbitos disciplinarios: desde las ciudades al trabajo, desde la sexualidad a la raza (Springer, 2016). No tiene "coordenadas fijas o establecidas [...] implicaciones políticas y prácticas materiales" (Brown, 2016: 20). Existe cierto acuerdo en que el neoliberalismo se define en términos generales como la extensión de los mercados competitivos a todos los ámbitos de la vida, incluida la economía, la política y la sociedad" (Springer, 2016: 2). A pesar de las dimensiones amorfas y polisémicas, el neoliberalismo es una realidad material en la que todos estamos inmersos (Boano, 2017). Wendy Brown define el neoliberalismo "como una política económica, una modalidad de gobernanza y un orden de la razón que es a la vez un fenómeno global, pero inconstante, diferenciado, asistemático, impuro" (2016: 20) cuya práctica surgió de un influyente grupo de pensadores liberales que se organizaron para impugnar la teoría económica keynesiana en un contexto de posguerra en Europa y Estados Unidos. La motivación era producir una gobernanza alternativa hacia la realización de la libertad económica "como la extensión de los mercados competitivos a todos los ámbitos de la vida, incluyendo la economía, la política y la sociedad" (Springer, 2016: 2). El neoliberalismo es también un modelo de gobierno que elimina el control sobre los precios y avanza hacia la privatización de la seguridad social (Boas y Gans-Morse, 2009). En este trabajo, adoptamos la definición de neoliberalismo de David Harvey que es "tanto un proyecto utópico para realizar un diseño teórico para la reorganización del capitalismo internacional, como tambien un proyecto político para restablecer las condiciones para la acumulación de capital y restaurar el poder de las élites económicas" (2005: 19). El neoliberalismo tiene una cara espacial representada en sus modos de desarrollo urbano.
Aunque la urbanización del neoliberalismo se refiere a una escala de análisis más amplia, su representación a microescala es significativa para adentrarnos en cómo esta ideología ha transformado nuestra forma de ver las ciudades. Por ejemplo, el neoliberalismo fomenta el individualismo (Stiglitz, 2010), y una de las principales expresiones espaciales del espacio individual es la vivienda. Reconocemos que el neoliberalismo urbano se refiere a cómo dicho proyecto ideológico está produciendo la forma, la imagen y la vida en las ciudades. Tal como sugiere Keil, el urbanismo neoliberal tiene una práctica material y discursiva a través de la cual se están reproduciendo las sociedades capitalistas modernas (Keil en Springer, 2016). El urbanismo neoliberal es, entonces, una categoría analítica que explica las condiciones materiales espaciotemporales y su capacidad, en tanto modelo de economía política, de producir espacio urbano mediante relaciones sociales rentistas y alimentadas por la avaricia como motor. Bajo el neoliberalismo, el impulso a la propiedad de la vivienda por parte de los gobiernos ha sido una característica común (Rossi y Vanolo, 2015), por lo que entender sus características espaciales a partir de las políticas de vivienda es una de las estrategias basales seguidas por sus analistas. Asimismo, para las instituciones financieras globales, la provisión de vivienda bajo el neoliberalismo ha sido estratégica para aumentar la riqueza. A partir de principios tras el Consenso de Washington, los bancos han reducido los requisitos para los créditos hipotecarios lo que facilitó el acceso a la vivienda en propiedad al tiempo que implicó al sector financiero más activamente en la producción de espacios (Fernández y Aalbers, 2016). Una nueva estética de las ciudades durante el neoliberalismo depende, en buena parte, de los objetivos de las instituciones financieras, favoreciendo determinados espacios tipológicos que aseguran la rentabilidad de las inversiones (Cattaneo Pineda, 2011). El acceso de las comunidades de bajos ingresos a créditos e hipotecas, sin antecedentes financieros, junto a la coacción del sector financiero para maximizar las ganancias del mercado inmobiliario fueron las principales causas de la crisis financiera de 2008 (Follain y Giertz, 2012). Una reflexión crítica sobre cómo el neoliberalismo ocupó los campos disciplinarios relacionados con el desarrollo urbano es un enfoque muy necesario para desentrañar cómo dicho proyecto ideológico afectó a las ciudades y a sus habitantes. Por eso es que es relevante identificar los elementos que ayudan a explicar su origen en el lugar donde todo esto comenzó.
El neoliberalismo expandió la idea de una sociedad emprendedora y produjo varios efectos en las ciudades. David Harvey ilustró la idea de las ciudades emprendedoras como espacios donde las élites político-económicas trabajan juntas para experimentar a través de formas innovadoras de acumulación de capital, lo que implicó una serie de procesos de reestructuración socioespacial como consecuencia de las dinámicas especulativas que habían impulsado estas estrategias emprendedoras (Rossi y Vanolo, 2015). El neoliberalismo y la espacialidad son también un entrelazamiento empírico ya que "sus relatos sobre el conocimiento humano, la complejidad social y el mercado económico legitiman su gestión de los individuos [...] donde el mercado económico es más capaz de calcular, procesar y ordenar espontáneamente la sociedad que el Estado [...] La función de la arquitectura prescrita por esta posición es la de producir entornos infinitamente flexibles para sujetos infinitamente adaptables." (Spencer, 2016: 3-4). El punto de quiebre entre una forma pre-neoliberal de hacer ciudad y su neoliberalización no está tan claro en la literatura y requiere un mayor desarrollo. El caso chileno es ilustrativo en esta materia.
En Chile, los modos pre-neoliberales de planificación de la ciudad estuvieron marcados por la planificación estatal del espacio urbano basada en la convicción de que su rol era ofrecer seguridad a las personas mediante la provisión de servicios básicos como educación, salud y vivienda (Hidalgo-Dattwyler, 2019). Previo a la neoliberalización, los gobiernos chilenos de Frei y Allende avanzaron hacia un Estado de bienestar en el que el modelo de desarrollo intensificó la inversión de fondos públicos en la economía interna (Salazar y Pinto, 2014). En relación a la vivienda, el gobierno chileno institucionalizó la oferta de soluciones habitacionales. Funciones técnicas permitieron al Estado definir las prioridades nacionales en relación al desarrollo urbano, planificando el uso del suelo y la asignación de viviendas, abriendo licitaciones públicas para contratar con los privados la construcción de los proyectos. En esta relación, las rentas privadas eran acordadas con las instituciones públicas para asegurar la correcta asignación del presupuesto nacional en las iniciativas urbanas. Asimismo, el libre mercado operó también en otras zonas de la ciudad a partir del desarrollo inmobiliario privado, y el Estado se enfocó sólo a organizar la oferta para los hogares de bajos ingresos y de clase media (Miguel Lawner en Boano y Vergara-Perucich, 2017). Después de la neoliberalización, la economía de libre mercado asumió todo el proceso de desarrollo urbano, y se desmanteló el papel rector del Estado (Valencia, 2007).
Desde el retorno a la democracia en 1990, el desarrollo urbano de Santiago ha estado bajo un predominio orientado al mercado para decidir el futuro de las ciudades, cambiando los estilos de vida de los habitantes, aumentando las necesidades de movilidad y organizando las zonas residenciales según el poder adquisitivo de los hogares. Debido a la velocidad de tales cambios, la ciudad de Santiago se ha vuelto más fragmentada y desigual (Bresciani L. en Greene et al., 2011). Los orígenes de la ciudad segregada se encuentran en el período de la dictadura, cuando las instituciones de planificación urbana cambiaron drásticamente. Un modelo de desarrollo urbano bajo un régimen neoliberal fue esbozado en 1976 con liberaciones a la industria de la construcción, pero decididamente implementado por primera vez mediante una nueva política urbana introducida en 1979 (Daher, 1991). Esta política definía que el espacio urbano debía planificarse según las reglas del mercado (oferta y demanda, costo-beneficio y rentabilidad de las intervenciones). La dictadura chilena de Augusto Pinochet convirtió el desarrollo urbano en un conjunto de prácticas orientadas a la renta, con especial atención a la vivienda. Aunque las reflexiones críticas sobre la neoliberalización de las prácticas urbanas son abundantes, los objetivos que motivaron su implantación en el ámbito urbano siguen abiertos a debate. Lo que si sabemos, es que comenzó en Santiago de Chile.
La Gigantomaquia: El urbanismo en el centro de la batalla de las extracciones
Como en la gigantomaquia, la batalla mitológica entre gigantes y ciudadanos, la monstruosidad del capitalismo contemporáneo en sus múltiples y siempre cambiantes formas exige un análisis cuidadoso. En particular, deben escrutarse las estratificaciones espacio-temporales de los mecanismos que han permitido a los poderes económicos actuales capturar la vida misma. El reconocimiento de Gago y Mezzadra (2017) del extractivismo como una forma violenta de capitalismo territorial y su intrincada relación con la financiarización en un conjunto entrelazado de tendencias y transformaciones que se refuerzan mutuamente dentro de los ámbitos de la economía, la política, la sociedad y la cultura (Rolnik, 2013), siendo este enfoque una reflexión importante que añadir. La neoliberalización de Santiago fue similar a esta batalla en la que un gobierno para el pueblo, que avanzaba hacia una sociedad más inclusiva con nuevos espacios para todos, fue aplastado por un ente autoritario que terminó por definir claramente el espacio urbano por conglomerados de clases sociales. Eso, a su vez, revirtió la inclusión intentada por los gobiernos de Frei y Allende.
La Gigantomaquia a la que aludimos fue probablemente la batalla más importante de la mitología griega. El conflicto enfrentó a los Gigantes, hijos de Gea y Urano, y a los dioses olímpicos, que intentaban derrocar la antigua religión y erigirse en los nuevos gobernantes del cosmos. Los dioses finalmente se impusieron gracias a la ayuda del arquero Heracles, y los Gigantes fueron asesinados. La idea de volver a esta mitología ilustrativa es sugerir que toda la profundidad de la violencia alcanza su ápice durante lo bélico, tras lo cual hay un vacío de poder que espera la colonización. En resumen, la guerra (en sus múltiples manifestaciones) facilita la llegada de puntos finales transformadores. Al introducir velocidades cada vez mayores de enfrentamiento violento, la guerra salta con sed de conclusión: derrotar a un adversario, conquistar territorio, aniquilar y promover la noción de tabula rasa, extraer recursos y valores, trayendo consigo la fantasmagoría de nuevos ensamblajes de poder, engendrados por los gestos violentos de la confrontación física y las topologías que pueden, en casos, "exponer los andamiajes desvencijados del Estado y gesticular su refundación, a menudo violenta" (Rosas, 2007: 97), o desarrollarse en los márgenes de la soberanía, en la intersección del capitalismo y la violencia. La dictadura chilena, con el golpe de Estado, abría esa intersección con toda brutalidad.
El urbanismo se encuentra entre esas batallas inclementes, debido a su capacidad plástica de abarcar cambios, mutaciones y transformaciones, adaptándose a la doble fuerza de exploración e invención, desposesión y creación. Si todos sabemos que las soluciones espaciales son en gran medida inherentes al capitalismo (Harvey, 2005), la característica del capital como relación social dominante es producto de la dinámica de valorización, cuyas contradicciones tienden a conducir a crisis recurrentes de sobreacumulación. Siguiendo la sugerencia de Gago y Mezzadra, existe la necesidad de enmarcar los paradigmas de la privatización y la financiarización con uno de las extracciones, para diagnosticar rasgos fundamentales de la lógica del capitalismo urbano contemporáneo, así como poner de relieve las continuidades en el modelo de desarrollo. Por lo tanto, nos obliga a abrir un espacio para la búsqueda de alternativas y trayectorias potenciales de resistencia. En Chile, la resistencia al neoliberalismo urbano apareció, con pobladores que comenzaron a organizarse, con la valentía de Lawner y Castillo-Velasco, con Donoso y Sabatini impugnando los supuestos urbanisticos de la dictadura, con Trivelli arrasando con la economía urbana de Harberger, con Grupo Sur haciendo escuelas de resistencia entre grupos de marginados y generando evidencia para luchar por lo común, entre muchas otras acciones que valientemente se fueron contra la ciudad que el dictador producía. Lo que parece novedoso de tal enfoque es lo que Gago y Mezzadra (2017) explicitan: la necesidad de abarcar las economías de la periferia y, por tanto, el propio lugar de las actividades extractivas como lucha propia y al imbuirse en ellas perder algo de perspectiva. Este análisis no se reduce únicamente a las materias primas y los fósiles, sino a un contexto de vida más amplio: romper la desconexión entre espacios y economías, emancipar de la posición meramente pasiva a las poblaciones urbanas pobres y hacer que "la desposesión pase a ser central; se oscurece la propia categoría de explotación y se ignora la producción de valor por parte de esas poblaciones, que las propias finanzas ya calculan como no marginal. El propio concepto de explotación" (2017: 577). Los autores, situando su perspectiva analítica crítica desde América Latina, sugieren que "la extracción no puede reducirse a operaciones vinculadas a materias primas convertidas [en] mercancías a nivel global" sino sobre el trabajo y la vida de las poblaciones, apuntando a extraer valor de ellas de tal manera que amplía y complementa la noción de explotación "en términos de cómo se realiza y se apropia el excedente" (p. 579). Para ellos, la relación extractiva se presenta de forma bastante diferente a la relación de explotación que se forma en una fábrica basada en la estipulación de un contrato de trabajo asalariado. La visión utópica de una sociedad de libre mercado y su realización real en el espacio es sorprendente dada la potencial relación coercitiva entre los Estados y la clase hegemónica sobre la privatización de tantos aspectos de la sociedad como sea posible, incluidos los servicios sociales, la cultura, las artes, la política y las ciencias, centrándose en cómo las ciudades han desempeñado un papel clave en esta dinámica (Boano y Vergara-Perucich, 2017). Para Jaeggi, la explotación es "uno de los males que el ser humano" y es, por lo tanto, un ultraje moral y también un concepto analítico-técnico, "entendida como [una] apropiación del capitalismo laboral excedente de los trabajadores, es decir, como [una] apropiación de aquello que el trabajador ha producido además de lo necesario para la reproducción de su fuerza de trabajo". En otras palabras, la explotación es la apropiación de la plusvalía. En su forma capitalista, entonces, la explotación no descansa en relaciones abiertas de dominación o violencia directa, sino en la coerción indirecta de las circunstancias" (Fraser y Jaeggi, 2018: 465). En este "terreno promiscuo", Gago y Mezzadra (2017: 482) sugieren la necesidad de desentrañar "el 'polimorfismo' del neoliberalismo, avanzando el modo en que economías clásicamente consideradas periféricas o marginales se incorporan a una dinámica de valorización financiera, en la medida en que una serie de actividades (desde la autogestión hasta ciertas estrategias comunitarias), flujos (de favores, migraciones e intercambios) y espacios (como el mercado inmobiliario informal) son evaluados como rentables" (p. 583). Por lo tanto, el extractivismo ampliado es una fórmula que debería poder dar cuenta de la acción de múltiples aparatos financieros en estos territorios que extraen valor de una vitalidad social. Estos problemas no fueron detectados hasta inicios de siglo 21, pero comenzaron a operar por los años de la dictadura.
Los urbanismos de Santiago experimentaron esta lucha, y la forma destruida fue sustituida por diferentes extractivismos de la vida cotidiana, que aumentaron la rentabilidad del capital urbano pero socavaron la ciudad como espacio social. Para desentrañar los orígenes de la gigantomaquia de Santiago, la siguiente sección pretende ilustrar la forma en que un estado de bienestar en proceso acaba convirtiéndose en una de las formas de neoliberalismo urbano más radicales del planeta. Pinochet hizo su tabula rasa al destruir la Moneda, aplastar la institucionalidad y arrasar con los marginados. Esto no fue un arrebato de un tipo solo, sino un deseo de un grupo de la sociedadcon objetivos rentistas.
Abordar el progreso social con el urbanismo científico: 1931-1958
La Constitución Política de 1925 surgió en medio de diversas luchas sociales que se desarrollaban en Santiago. Los efectos de la migración del campo a la ciudad (Figura 1) produjeron diversos problemas relacionados con el saneamiento urbano, el parque habitacional y servicios como transporte, salud y educación. Estos cambios exigían nuevas políticas de adaptación del espacio urbano que permitieran la transformación en beneficio de toda la sociedad. La Constitución de 1925 incluía una norma innovadora: aprobaba la expropiación de terrenos cuando un proyecto público o el interés común lo requiriesen. Concretamente establecía que: "El derecho de propiedad está sujeto a limitaciones o reglas que exijan en mantenimiento y progreso del orden social, y, en este sentido, la ley podrá imponer obligaciones o servidumbres de utilidad pública en favor de los intereses generales del Estado, de la salud de los ciudadanos y de la salubridad pública" (Ministerio del Interior, 1925: Art. 10.)
Esta fue la única vez en la historia de Chile en que un acto constitucional permitió la expropiación en nombre del interés social. La migración campo ciudad hizo que la organización de la ciudad se convirtiera en un problema, y la clase dirigente entendió que necesitaba un sistema para enfrentarlo, abrazando un apego institucional de la clase dirigente que históricamente ha preferido definir sus decisiones y comportamientos en normas, leyes y organizaciones oficiales (Gross, 1990). Por lo tanto, los políticos desarrollaron diversos instrumentos para avanzar en un proceso ascendente de creación de ciudades que durante años avanzó a través de diversas exploraciones con el fin de encontrar mejores formas de garantizar la provisión de soluciones urbanas para los muchos. La mayor parte de esta toma de decisiones se basó en los fundamentos del Urbanismo Científico, un enfoque del desarrollo urbano traído a Chile por el urbanista austriaco Karl Brunner.
En 1931 Brunner creó un programa denominado Urbanismo Científico. El curso presentaba las principales teorías del desarrollo urbano y el diseño urbano desde un enfoque positivista, recogiendo la influencia intelectual de Booth, Geddes y Burgess principalmente. El Urbanismo Científico se fundó sobre una estricta correlación entre los procesos técnicos de urbanización y la administración política de los procesos de toma de decisiones para hacer legalmente viable la transformación espacial con el fin de desarrollar ciudades eficientes (Pavez, 1992). La influencia de Brunner sirvió para la creación del Departamento de Planificación del Ministerio de Obras Públicas, inaugurado en 1934 como forma de dar una respuesta integral a los problemas urbanos. Ciertamente, tras la llegada de Brunner, varias políticas públicas apuntaron a paliar los problemas relacionados con la urbanización de la población del país. En 1931 (por orden de la Ley 4931), la Oficina de Vivienda Popular sustituyó al Consejo Superior de Previsión Social para organizar los asentamientos irregulares en las ciudades. Sin embargo, el Estado no era capaz de cubrir toda la demanda de vivienda. En 1938, la ley 6172 permitió al Banco Popular de la Vivienda construir viviendas con fondos del seguro público. Se trataba de dar respuestas institucionales a las necesidades socioespaciales en una nación pobre aún, impactada por la crisis de 1929, la caida del salitre y el efecto económico del canalde Panamá, a lo que se agregaba una significativa inestabilidad política.
El urbanismo científico proporcionó una vía para organizar la ciudad basada en modelos estadísticos como aportación clave para la toma de decisiones. Este urbanismo científico se basaba en un aparato central de planificación urbana, que usaba los datos socioespaciales para prospectar el futuro de las ciudades. Por ejemplo, entre 1934 y 1939, Brunner definió el futuro de Santiago en su (Figura 2) Plano Oficial de Urbanización. Su principal innovación fue la zonificación de las áreas centrales de Santiago con el fin de aumentar el parque de viviendas cerca del centro de la ciudad. Se imaginaron nuevos barrios con edificios de ocho plantas y una plaza cada cinco manzanas, siguiendo el modelo de Viena. El plan de Brunner definía zonas para los barrios populares cerca de las áreas donde se concentraban las oportunidades de empleo . Asimismo, se propusieron tipologías de vivienda para algunas zonas que se asemejaban a la ciudad jardín en el entorno inmediato de los barrios centrales. Brunner quería transformar Santiago en la Viena de Sudamérica: una arquitectura compuesta por edificios de altura media, bulevares y un fino diseño urbano para crear algo bello (Gross, 1991).
Figura 1. Tasas de migración del campo a la ciudad en Chile. Fuente: autores basados en el archivo histórico del Censo Nacional en Chile.
Figura 2. POU: Plano Oficial de Urbanización. Plano Oficial de Urbanización para Santiago desarrollado por Karl Brunner en 1934. Fuente: Archivos de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad de Chile.
Figura 3. Áreas de Santiago donde se construyeron programas de vivienda social entre 1970 y 1973. Fuente: autores.
Una de las principales características del urbanismo científico fue la mezcla de métodos cuantitativos con proyectivos. La mayor parte del peso de las decisiones de planificación se basaba en el estudio de las posibilidades económicas del suelo para proyectar los espacios urbanos, la necesidad basada en los déficits, con especial énfasis en definir dónde invertir en función de las urgencias de la ciudad así como cuidando sus características estéticas. El objetivo de privilegiar el análisis estadístico era garantizar la correcta asignación de los fondos públicos teniendo en cuenta los limitados recursos públicos de la época. En la misma medida en que el urbanismo científico pretendía mejorar la experiencia pública de vivir en la ciudad, el uso del presupuesto público para financiar mejoras urbanas aumentaba la riqueza de los propietarios de las empresas constructoras (Gross, 1991). Lo estadístico se abrazó hasta el presente, pero no tanto así lo proyectivo.
Los expertos urbanistas chilenos definieron una serie de estrategias para hacer frente a la demanda de empleo en las ciudades y su escasez de viviendas. Por ejemplo, la Ley 7600 de 1943 determinó que las empresas debían invertir el 5% de sus beneficios en la construcción de viviendas para sus trabajadores. Asimismo, la Ley 9135 de 1948, creó una serie de beneficios para facilitar el acceso a la vivienda propia a la clase media, cumpliendo con una de sus demandas (Gross, 1991). En 1952, el Presidente Gabriel González creó la Corporación de la Vivienda (CORVI), cuyo objetivo era la construcción de viviendas y espacios públicos, con especial preocupación por las comunidades de bajos ingresos. Para avanzar con un marco legal para la ciudad, en 1953 se actualizó la Ley General de Construcciones y Urbanizaciones para adecuarla a los cambios que se habían producido en las zonas urbanas. En esta actualización de la ley, se determinó la necesidad de la creación urgente de planes maestros municipales para definir la función de las áreas urbanas (De Ramón, 2007). A través de estas regulaciones, el Estado intentó atender las soluciones habitacionales y la planeación de las ciudades en condiciones de escasez económica (Hidalgo Dattwyler, 2004; Rivera, 2012). Estas nuevas regulaciones institucionales fueron el resultado de la implementación del urbanismo científico en Chile, aunque nunca traspasó las fronteras de los intereses de la clase hegemónica. Además, la demanda de vivienda creció más rápido que la capacidad del Estado para dar soluciones. La sociedad se agrupó en organizaciones comunitarias para construir una agenda capaz de potenciar sus voces y generar cambios que transformaran el rostro de la ciudad.
Uno de los mejores ejemplos de este emergente empoderamiento social se refiere a la práctica de las personas de producir su vivienda autoconstruida a partir de lo que se conoce como tomas. En 1957 comenzó la ocupación de terrenos en La Victoria, cerca del centro de Santiago. Miles de familias construyeron sus viviendas de forma autogestionada. Diversas instituciones políticas como el Partido Comunista, el Partido Socialista, los centros de estudiantes y trabajadores y la Iglesia Católica ayudaron a la gente a organizar estas tomas. Estas ocupaciones impugnaban un derecho sagrado para la clase dominante: la propiedad privada. La Victoria pronto se convirtió en el modelo y la experiencia inspiradora de muchas otras comunidades (Espinoza, 1988). La gente fue más allá de la ley, luchando por su derecho a la vivienda, produciéndose un choque entre sus necesidades y los intereses del capital (Cortés, 2014). Esto ocurrió en pleno centro de Santiago. A los ojos de la clase dominante, esto significaba una amenaza al venerado derecho de propiedad privada.
Además de estas cuestiones relacionadas con los territorios en disputa, la economía acumulaba una inflación que aumentó durante décadas sin parar (Salazar, 2003). Buscando mejores soluciones, en 1958 el pueblo eligió a un empresario -Jorge Alessandri- como presidente, para ver si su brillante trayectoria empresarial mejoraba los resultados económicos del país en ese momento. Si bien el crecimiento económico mejoró bajo su gobierno, siguieron apareciendo tomas a pesar de que Alessandri duplicó la inversión y la producción de viviendas sociales. El plan consistía en incorporar más activamente al sector privado en la producción de viviendas sociales. La meta era construir 538.700 nuevas viviendas entre 1961 y 1970, considerando que el 75,5% de estas nuevas unidades serían para comunidades de bajos ingresos (Arriagada, 2004). Este plan se inició en 1960, cuando Alessandri implementó un decreto que incluía beneficios tributarios para viviendas de clase media (DFL2), promoviendo un modelo de desarrollo urbano de ciudad jardín, mayoritariamente ubicadas en los bordes de la ciudad. Sin embargo, esta política fue regresiva. Las familias de altos ingresos se aprovecharon de este decreto y construyeron sus casas lejos del centro de la ciudad utilizando una normativa que supuestamente debía ayudar a las familias de ingresos medios. En la interpretación de Patricio Gross, la regulación del DFL2 erró un punto porque "no restringió algunas áreas de la ciudad, lo que permitió que esa persona de altos ingresos explotara estos beneficios, instalándose en el lado oriente de la ciudad, aumentando el proceso de segregación espacial" (Gross, 1991: 39). En consecuencia, la ciudad concentró la localización de la población urbana en determinadas áreas en función de su capacidad adquisitiva: los más ricos construyeron sus viviendas en Las Condes y Vitacura (oriente-norte), las clases medias en Providencia, Ñuñoa (centro-oriente) y el sector oriente de Santiago, mientras que las familias de bajos ingresos ocuparon el resto de la ciudad y la periferia. La distribución de las familias más ricas, las de ingresos medios y la clase baja delineaba un espacio segregado. Esta cuestión vino acompañada de la expansión de las prácticas de okupación y las consiguientes impugnaciones en torno a ellas.
Del urbanismo científico a la ciudad de masas: 1958-1973
El gobierno de Alessandri puso en marcha una modesta reforma agraria para redistribuir la tierra en las zonas rurales y otorgar a los campesinos derechos de propiedad. Se trataba de una iniciativa impulsada por la Iglesia católica latinoamericana. Sin embargo, el tímido enfoque de la administración de Alessandri hizo que la reforma agraria no aliviara los procesos de impugnación de la propiedad privada. En 1964, el pueblo eligió a Eduardo Frei, que propuso una revolución en libertad apoyada por el Partido Demócrata Cristiano. Esta revolución en libertad era una mezcla de estrategias socialistas y economía de libre mercado, que aspiraba a desarrollar una versión chilena del modelo keynesiano de Estado.
De ahí que en 1964 -cuando Frei asumió la administración- el Estado asumió un papel redistributivo y subyugara los derechos de propiedad privada al bien común de la sociedad. El suelo adquirió un papel social. A pesar de la crisis económica por la persistente inflación que presionaba los presupuestos familiares de las familias trabajadoras, el discurso político prometía un futuro socialmente justo basado en políticas redistributivas. Los gobiernos de Eduardo Frei (1964-1970) y Salvador Allende (1970-1973) avanzaron en este camino hacia una sociedad más justa basada en la profundización de los instrumentos democráticos. En la administración de Frei se aplicó la ideología católica de la doctrina social, con el objetivo de crear una sociedad más justa, utilizando al Estado como un agente para activamente distribuir oportunidades y beneficios para las personas. Su estrategia consideró la nacionalización de los recursos naturales, el fomento de la productividad económica, la modernización del aparato administrativo y el desarrollo de un Estado capaz de proporcionar bienestar a través de los servicios sociales, cubriendo así las demandas básicas de la vida humana. La reforma agraria de Frei pretendía aumentar la productividad de tierras que en muchos casos estaban infraexplotadas por los terratenientes. Si los campesinos participaban en el trabajo de la tierra y también en las ganancias, la productividad de esas parcelas subexplotadas se dispararía. Además, se trataba de una forma sencilla de distribuir los beneficios de las actividades agrarias y ganaderas entre las comunidades de bajos ingresos. De hecho, la reforma agraria constituyó un enfoque de justicia espacial que también tuvo su versión en el desarrollo urbano. Frei puso en marcha una serie de programas de vivienda social en los que se incluyeron procesos participativos.
Estas estrategias paliaron el posible colapso urbano de Santiago, dada la incesante migración hacia la ciudad central del país que aumentó 37% entre 1960 y 1970 (Instituto Nacional de Estadísticas, 2018). Más allá de esta reforma agraria, el gobierno de Frei no fue particularmente una amenaza para la propiedad privada, aunque vinculó este derecho a solidarizar con los pobres para asegurar el progreso social. No obstante, mientras las comunidades de bajos ingresos ocupaban parcelas privadas, la clase dominante comenzó a comprometerse políticamente en la defensa de sus derechos de propiedad.
Desde la colonia, los pobres urbanos de Santiago aplicaron la autoconstrucción como estrategia para asentarse cerca del núcleo urbano de la ciudad. En general, se trataba de un proceso más orgánico de ocupación del suelo, en el que las personas se conocían al ocupar el espacio y no antes. Sin embargo, a medida que la urbanización avanzaba y Santiago se poblaba, los pobres urbanos comenzaron a organizarse mejor para ocupar el suelo y ampliar el proceso de autoconstrucción desde viviendas individuales a barrios enteros. Esto implicó un cambio en el enfoque de la vivienda irregular, desde respuestas individuales a una acción más colectiva de urbanización popular, incluso cuando estas estrategias implicaban la impugnación de los derechos sobre la tierra. De la búsqueda de derechos de ciudadanía a una lucha política, la población urbana pobre de Santiago se convirtió en un actor político significativo en los años sesenta y más allá.
Entre 1957 y 1973, el suelo urbano se convirtió en un elemento clave de la disputa política. En este período los chilenos habían comenzado a demandar una participación más directa en los procesos de toma de decisiones respecto a su participación en la producción de sus ciudades y a ser incluidos en los beneficios de vivir en Santiago. La creación de nuevas normativas institucionales para fomentar la participación y el empoderamiento de las comunidades pretendía dar respuesta a las demandas de justicia espacial surgidas de tomas. En 1965 se crearon la Oficina Planificación Nacional (ODEPLAN) y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) para tratar estos temas en particular. Como parte del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, se crearon el Banco Central de Ahorro y Crédito (SINAP), la Corporación de la Vivienda (CORVI), la Corporación de Mejoramiento Urbano (CORMU), la Corporación de Servicios Habitacionales (CORHABIT) y la Corporación de Obras Urbanas (COU).
Estos marcos institucionales renovados pretendían construir una vida urbana más transparente y justa que redujera las tensiones producidas por las luchas por el territorio. Para conectar la lucha social en las ciudades con los planes gubernamentales, el papel de los urbanistas fue fundamental. Muchos urbanistas científicos abrazaron una visión social e influyeron en la forma de enfocar los procesos urbanos e implicarse directamente con las comunidades en la elaboración de planes e ideas para diseñar espacios urbanos. En este periodo surgió un grupo de expertos urbanos que trabajaban con las bases sociales, como Miguel Lawner, Fernando Castillo Velasco, Ida Vera, Miguel Eyquem y Leopoldo Benítez, entre varios, en una generación de nuevos profesionales de inspiración social.
Durante el período de Frei y Allende, la construcción de viviendas fue una de las políticas públicas más visibles, así como la provisión de transporte, saneamiento, espacios públicos, equipamientos culturales y viviendas para los desposeídos. Una estrategia interesante fue la construcción de viviendas sociales en las áreas centrales de las ciudades (Figura 3), especialmente en Santiago, con el objetivo de reducir la segregación residencial y aumentar el acceso a los servicios y áreas centrales para las comunidades de bajos ingresos (Figura 3). Las ideas de la clase política sobre el desarrollo urbano intentaban asegurar la integración social en las ciudades. En este enfoque de planificación de la ciudad, la CORMU y la CORVI participaron en la provisión de proyectos urbanos para los pobres y la clase media, definiendo el diseño técnico de las viviendas, definiendo su ubicación y llamando a licitación para su construcción por parte de empresas privadas. Algunos de los proyectos habitacionales emblemáticos construidos bajo este esquema fueron Unidad Vecinal Portales (1966) como parte del Programa de Empleados Particulares, Remodelación República (1967) como parte de un programa de la CORVI para familias de ingresos bajos y medios, y Tupac Amaru (1971) como proyecto de la CORMU para familias de bajos ingresos. Asimismo, la autoconstrucción se convirtió en una alternativa promovida por el gobierno. Por ejemplo, en 1965 Frei organizó un proceso participativo para diseñar casas para familias de bajos ingresos y de clase media en Santiago. El nombre de esta iniciativa fue Operación Sitio, apoyada por el alcalde de la comuna de La Reina¸ el arquitecto Fernando Castillo Velasco (Quintana, 2014). Consistía en que las familias dibujaban en el terreno sus planos de viviendas a escala 1:1 y luego el Estado construía las casas en base al diseño de las personas. Los arquitectos ayudaron a las personas a diseñar las casas. Sin embargo, estas operaciones contribuyeron a consolidar nuevos barrios en las periferias urbanas, no tan cerca del acceso al transporte y los servicios.
Figura 4. La localización de tomas en Santiago en 1972. Fuente: elaboración propia a partir de Castells 1987.
A pesar de las transformaciones institucionales, las tomas de terreno se multiplicaron (Figura 4); sólo en 1969 aparecieron en Santiago 35 nuevas tomas (Gross, 1991) y las innovaciones estatales no fueron suficientes para hacer frente a los acelerados procesos de urbanización. Pobladores empoderados, el proceso de democratización de la propiedad privada y una elite dirigencial atemorizada no eran una buena mezcla (Gómez-Leyton, 2000). La radicalización política, el interés internacional por las materias primas disponibles en el territorio nacional y la creciente inflación que azotaba al país desde los años cuarenta fomentaron una tensión social ya de por sí complicada (Salazar, 2003). El espacio estaba en disputa y los políticos se dedicaron a organizar la demanda de los desposeídos para, por un lado, garantizar la defensa de la propiedad privada y, por otro, orientar la lucha por la justicia espacial. En ese mismo momento, el proyecto político de Salvador Allende y la Unidad Popular proponía una vía para redistribuir el poder y garantizar la justicia social. Era una revolución con chicha y empanadas, la llamada vía chilena al socialismo (Ayres, 1973). Desligado de las metodologías utilizadas por la revolución cubana, Allende apostó a que podría construir un Estado socialista dentro de los marcos institucionales de la república democrática chilena, sin utilizar la violencia (Nolff, 1993). En este objetivo, el espacio era una cuestión clave, una ciudad basada en los principios de la vía chilena al socialismo (Cofré, 2012). La producción del espacio y la productividad territorial estarían en el centro de las transformaciones políticas desarrolladas por Allende para construir una sociedad más justa (Lawner et al., 2008). En el lado opuesto, la clase dominante, los terratenientes, comenzaron a organizar sus influencias y su poder político para defender su posición (González, 2001) y sus derechos de propiedad (Gómez-Leyton, 2000). Para ellos, Allende representaba una amenaza (Fontaine, 1993). En esta disputa por la defensa de los derechos de propiedad, la posición de las fuerzas militares fue fundamental. La disputa por la tierra no era entre iguales. Allende recibió el apoyo de algunos miembros destacados de las fuerzas militares, lo que dio seguridad a la aplicación de su programa. Sin embargo, dentro del ejército, la división existía, y la influencia oligárquica era mayor en algunas figuras emergentes pero poderosas del ejército, la marina y las fuerzas aéreas. Históricamente, la evidencia sugiere que las fuerzas militares han sido leales a la oligarquía por defender los derechos de propiedad como el valor más sagrado de la nación (Salazar, 2003). El historiador Gabriel Salazar cuenta 23 ocasiones en que las fuerzas militares chilenas han disparado sus armas contra chilenos de clase no gobernante, aplastando todo intento de producir una sociedad más justa (Salazar, 2012). Esto evidencia que la fuerza -y no la justicia- ha sido el motor de la historia chilena. Allende fue elegido presidente por la mayoría y confirmado por el parlamento, pero no por la clase dominante ni por los terratenientes que vieron en el proyecto político de Allende una oportunidad para perder su exclusividad social.
En tres años, el gobierno de Allende logró una implementación integral de las políticas urbanas a través de la coordinación de ODEPLAN (Oficina de Planificación Nacional) y el Departamento de Desarrollo Urbano. El Estado participó en el desarrollo urbano como un miembro más del proceso de desarrollo urbano, influyendo en los precios y tendencias aunque no controlándolo (González, 2001). El gobierno actuó como parte interesada, fomentando un enfoque diferente de la ciudad, empezando por el empoderamiento de las bases en un bienintencionado método ascendente de diseño urbano (Cofré, 2012). En el programa de Allende, los objetivos del desarrollo urbano eran: aumentar el acceso a una buena vivienda, reducir la segregación residencial y utilizar el suelo como un activo para redistribuir los beneficios de la vida urbana. La participación de la comunidad fue fundamental para fomentar el espíritu revolucionario del programa de Allende.
El plan consistía en construir viviendas en torno a las zonas de empleo, concretamente en el centro de Santiago. Se diseñaron y desarrollaron varios proyectos de viviendas en Santiago: Che Guevara (1970), Villa San Luis (1970), Cuatro Álamos (1971), Mapocho-Bulnes (1971), Plaza Chacabuco (1971) y Pozos Areneros (1971), por mencionar sólo algunos barrios. Estas tipologías de proyectos seguían el estilo internacional, con edificios de cuatro pisos insertos en espacios públicos y con equipamientos comunes. Estas estrategias, aplicadas en Santiago y otras ciudades, se tradujeron en una importante disminución del déficit de viviendas, que pasó de 592.324 en 1970 a 419.000 en 1974. El ambicioso programa habitacional de Allende sí redujo el déficit habitacional, pero durante su gobierno el número de asentamientos informales en Santiago llegó a 275, y el 16,3% de los habitantes del Gran Santiago vivía en un campamento (Santa María, 1973). Como Frei y Allende optaron por evitar la represión de nuevos asentamientos informales, los ocupantes vieron en la ocupación de tierras una protesta contra su limitado acceso al uso del suelo por razones económicas y también una demanda de derechos de ciudadanía al Estado (Hidalgo Dattwyler, 2019). Tanto Frei como Allende abordaron estas demandas con políticas públicas y programas habitacionales específicos dialogando con la gente pero, al mismo tiempo, descuidaron los intereses de la elite y sus aspiraciones históricas de separarse del resto (Gross, 1991). Así, las ocupaciones de tierras no sólo sirvieron para encontrar a la gente un espacio donde vivir y organizar una lucha política, sino también para avivar la tensión en la élite que veía cómo sus barrios se poblaban de lo que se denominó poblaciones callampa.
La mayoría de los propietarios de altos ingresos preferían que los pobres vivieran lejos de sus barrios. Uno de los casos emblemáticos fue la Villa San Luis (Figura 5) en pleno barrio de Las Condes. Este proyecto de vivienda social provocó una incómoda reacción de los miembros de la elite, preocupados por perder la exclusividad de su barrio (Gross, 1991). Los pobres urbanos, siguiendo los centros de oportunidades, ya estaban construyendo asentamientos informales en Las Condes por lo que Allende intentó formalizar los espacios para dar más dignidad a los pobres urbanos de esas zonas. Como caso singular, la Villa San Luis fue una estrategia para cambiar el estatus de este asentamiento de informal a un conjunto habitacional legal. Además, fue un ejemplo de permitir comunidades de viviendas de bajos ingresos en distritos de altos ingresos. En opinión de los propietarios, la exclusividad de algunas zonas de Santiago fue impugnada no sólo por los pobres urbanos, sino también por el Gobierno.
Figura 5. Edificio Villa San Luis en 2015. Los predios fueron vendidos a inmobiliarias que hicieron un nuevo barrio financiero (Nueva Las Condes). Fuente: autores.
Tanto la agenda política de Frei como la de Allende se enfrentaban a un cambio demográfico y a una sociedad más consciente de sus derechos que exigía específicamente mejores condiciones de vida. Durante los gobiernos de Frei y Allende, la clase dirigente se vio frustrada. Por primera vez en la historia de Chile, su capacidad de influir en el gobierno se vio reducida, los políticos, la sociedad en su conjunto y hasta la iglesia católica les llamaba a la solidaridad y a compartir los beneficios de la vida urbana. Temían el día en que las masas derribaran sus puertas y se llevaran todos sus bienes. Veían el peligro de la auténtica democracia que se estaba fraguando y que amenazaba su estatus social, basado en una democracia representativa de sus intereses, no los de todos los demas. La solución a su malestar social fue feroz y despiadada. Como muchas otras veces en la historia, las fuerzas armadas chilenas apuntaron sus armas contra otros chilenos para defender la propiedad privada de unos pocos a costa de muchos. El 11 de septiembre de 1973, la democracia terminó con el golpe de Estado encabezado por Augusto Pinochet. La propiedad privada volvía a estar a salvo. Comenzó así una revolución neoliberal mundial.
El big bang del neoliberalismo global y la muerte del urbanismo chileno
La materialización del neoliberalismo ocurrió en Santiago como la operacionalización de una teoría de economía política desarrollada por Milton Friedman quien gentilmente compartió sus ideas en 1975 con el dictador chileno, Augusto Pinochet (Daher, 1991; Solimano, 2014). El 11 de septiembre de 1973, un golpe de Estado derrocó al gobierno democrático de Salvador Allende. Reconociendo la necesidad de competencia económica, Pinochet pidió consejo a notables académicos opuestos a las ideas de Allende (Solimano, 2014). En 1975, asignó ministerios clave a un grupo de economistas conocidos como los Chicago Boys, que aplicaron un programa de economía política que llegó a conocerse como neoliberalismo (Harvey, 2005). La propuesta pretendía reducir el tamaño del Estado y aumentar la confianza en la economía de libre mercado como principal instrumento para el desarrollo del país, defendiendo la propiedad privada y fomentando el espíritu empresarial como la mejor forma de conducir el progreso del país (Arancibia Clavel y Balart, 2007). Pinochet aceptó estas ideas. El modelo prometía que la economía de libre mercado conduciría a la sociedad hacia la libertad individual, una idea que fue presentada a Pinochet por el propio Milton Friedman. Friedman viajó a Chile y se reunió con Pinochet. El 21 de abril del mismo año, Milton Friedman escribió a Pinochet sobre las transformaciones a abordar en Chile: "Creo que el gradualismo no es factible" (Friedman y Pinochet, 1975). Friedman fue explícito al decir que se trataba de un "programa de choque" (Friedman y Pinochet, 1975: 592) que pretendía resolver los problemas de la inflación en meses. Pinochet se tomó en serio la idea de choque y reprimió toda oposición al programa. "El plan está plenamente aplicado" (Friedman y Pinochet, 1975: 594) replicó Pinochet.
Chile en los años 60 era reconocido por un gran sistema sanitario y educativo en la región, con un animado sector industrial y una clase media en rápido crecimiento (Klein, 2010). Se produjo un brusco cambio en las políticas de la dictadura hacia lo que podríamos denominar el primer Estado neoliberal del mundo. Desde entonces, el Estado ha fomentado las iniciativas privadas para la seguridad social y ha avanzado en la privatización de tantas funciones estatales como ha sido posible. Comenzó una nueva era, en la que la propiedad privada y las decisiones orientadas al beneficio remodelaron la sociedad en su conjunto (Atria et al., 2013). "El neoliberalismo abandona la concepción liberal de una separación entre los ámbitos político y económico de la vida". (Davis, 2017: 4). En teoría, el crecimiento económico generado por el consumo y las actividades productivas chorrearía hacia abajo, llegando a todos y mejorando la vida de la gente. Un escenario ideal para la frustrada clase dominante tras recuperar su posición hegemónica en la política.
Por lo tanto, la transformación neoliberal de Chile requería un nuevo modelo de desarrollo urbano. La primera medida fue una reforma fiscal para fomentar la inversión en la construcción de viviendas. En 1975, Pinochet firmó el decreto 910 que reducía el impuesto a las actividades de construcción para aumentar el papel de esta industria en la recuperación económica del país. Tanto la construcción como la venta de viviendas estaban exentas de IVA, lo que fomentó la inversión en la construcción por parte del sector privado, reduciendo la participación del Estado en estas actividades económicas. Años más tarde, para continuar con la neoliberalización del desarrollo urbano, se redefinieron el Ministerio de Vivienda y el Ministerio de Obras Públicas, y se desmantelaron los aparatos de planificación urbana del Estado (Valencia, 2008). Michael Janoschka y Rodrigo Hidalgo (2014) explican que las políticas urbanas neoliberales transformaron la relación entre actores sociales, políticos y económicos, pasando de relaciones entre ciudadanos a relaciones entre consumidores. Santiago, como ciudad neoliberalizada, pasó a convertirse en una plataforma poblada de componentes urbanos para la especulación, con una sociedad civil incapaz de impugnar una noción mercantilista del espacio (Rodríguez y Rodríguez, 2009). Estos cambios provenían de una teoría urbana particular.
Arnold Harberger fue un profesor de la Universidad de Chicago, que publicó un artículo explicando la importancia de la desregulación del suelo para reducir los precios de la vivienda mediante la expansión de la zona urbana de Santiago (Harberger, 1979). Sus ideas proporcionaron la base teórica para la creación de la Política Nacional de Desarrollo Urbano el 30 de noviembre de 1979 mediante el Decreto Presidencial 420 (Daher, 1991). La política presentaba tres principios:
- El suelo es un recurso no escaso; por tanto, su uso y su valor vienen definidos por su rentabilidad. Está sujeto al libre comercio, y se eliminarán las restricciones a la expansión urbana para permitir la expansión natural de las zonas urbanas, siguiendo las tendencias del mercado.
- La escasez de viviendas la paliarán las constructoras privadas, promovidas por el Estado, pero es responsabilidad del mercado hacer frente a la demanda de viviendas.
- Toda mejora del medio ambiente y de las ciudades financiada por el Estado debe orientarse a rentabilizar el suelo. (CNDU, 2015).
El big bang del neoliberalismo se produjo en 1975, pero la expansión del universo neoliberal fue continua en forma de políticas, transformaciones institucionales, violencia, alienación social, especulación y desigualdad creciente. Gracias a las mentes maestras de los Chicago Boys y al acuerdo de Pinochet con Friedman, la propiedad privada volvería a ser un derecho intocable en Chile, pero desde la dictadura sería el principio axial del desarrollo urbano. La función social de la tierra, la expropiación por el bien común y el Estado como actor del desarrollo urbano fueron desaparecidos. Cualquier signo de justicia social fue desalojado, y la ley del más fuerte (o del más rico) se convirtió en el principal criterio de orden social. Los propietarios de la tierra reafirmaron su poder hegemónico, asegurándose el control de la economía, el gobierno, la democracia, el significado de la libertad y la sociedad urbana en su conjunto.
Extracción o resistencia
Excavar en los momentos históricos de la gobernanza urbana bajo Frei, Allende y los inicios de la dictadura de Pinochet, aunque sea someramente, nos permite reflexionar sobre el papel de la elite gobernante en la conformación de la ciudad como uno de los principales componentes que justifican el surgimiento del urbanismo neoliberal: orientado al lucro y en defensa de la propiedad privada. El principal motor de las transformaciones urbanas de Santiago han sido los derechos de propiedad individual. El espacio urbano de Santiago es el resultado de un dominio histórico del suelo por parte de una clase dominante cuyos principales objetivos han sido la extracción de valor del espacio mediante la construcción y la comercialización de productos urbanos. Esto explica por qué la defensa de los derechos de propiedad privada se ha convertido en uno de los principales objetivos de la clase dominante y ahora ya tambien de los dominados.
El extractivismo urbano, surge como una nueva categoría de explotación total del valor de todos los aspectos de la vida urbana. El extractivismo urbano así se ha convertido en la forma de vida totalitaria del mundo y de una nueva dimensión ciudadana. El extractivismo desde la materia de la vida urbana hasta las formas de subyugación real, dan formas omnipresentes a la subsunción vital frente a lo neoliberal. Las técnicas de subsunción vital incluyen desde el nacimiento hasta la muerte, la entrada y salida del territorio, el cruce de las fronteras, la cuarentena preventiva, las custodias protectoras, la eugenesia, las ciudadanías, etcétera. Este conjunto de procesos, multilaterales y complejos, señalan los verdaderos espacios del capital: extraer valores directamente de las cualidades humanas como seres vivos. En Chile, y particularmente en Santiago, el poder político y económico estuvo y sigue estando en manos de los propietarios, como se pudo ver en el plebiscito de 2022. Esta condición se ha mantenido por décadas, y explica la relevancia que se le ha dado a la defensa de este derecho, ya sea por la vía legal o mediante el uso de la fuerza militar o mas recientemente por medios que facilita la proliferación de la mentira confundida con argumentos pseudoexpertos. Por lo tanto, las instituciones democráticas estarán limitadas por su voluntad. Por ejemplo, la única vez en la historia que se produjo una distribución de la tierra para el bienestar social fue durante los gobiernos de Frei y especialmente con Allende, pero el resultado fue un golpe de Estado y 17 años de una dictadura represiva que desarrolló una constitución política que aseguraba la prevalencia del derecho de propiedad.
Como reflexión final, es clave el papel que pueden jugar los expertos urbanos en la democratización de Santiago, por lo que es fundamental para el futuro de la nación que se sepa identificarlos o bien diferenciarlos de chantas que no hacen mas que ser adictos as sus propias voces y cazan tomadores de decisión incautos o poco preparados. Así, también, es fundamental recobrar la convicción de que es posible democratizar la sociedad desarrollando con urbanismos que en Chile ya han existido, pero hacerlo requiere una feroz contestación del neoliberalismo.
Alex Golub (2014), hace un relato etnográfico de la relación entre los Ipili, un grupo indígena de Papúa Nueva Guinea, y una gran mina de oro internacional que opera en sus tierras. Describe un contexto en el que un actor corporativo tiene la capacidad de traducir todas las negociaciones, intrigas, cálculos, actos de persuasión y violencia, gracias a los cuales un actor o fuerza toma, o hace que se le confiera, autoridad para hablar o actuar en nombre de otro actor o fuerza. Al analizar tanto las estrategias de la burocracia imperial como la cosmogonía colonial del extractivismo del Leviatán, Golub sugiere que es importante reconocer que no son simplemente la globalización y las fronteras de los recursos las que llevan a cuestionar la persistente intangibilidad y a la vez monstruosa eficacia de la extracción, sino las tenaces luchas y la omnipresente acción a través del tiempo y el espacio de los ipili que hicieron posible algún tipo de negociación en la resistencia a la empresa multinacional. La ciudad muestra su alma plástica, el lugar que concentra, absorbe, transforma, genera y destruye. Y de hecho, para nosotros, sólo el fértil encuentro entre filosofía, teoría crítica y urbanismo, y la implicación ontológica de repensar la ciudad, puede instrumentalizarse para desarrollar herramientas interpretativas urgentes que apoyen y sostengan las luchas, las resistencias en la Gigantomaquia actual que ya cumple 50 años.
Referencias
Arancibia Clavel P, Balart F (2007) Sergio de Castro, El Arquitecto Del Modelo Económico Chileno. Santiago: Biblioteca Americana.
Arriagada C (2004) Chile, Un Siglo de Politicas de Vivienda y Barrio. Santiago: Ministerio de Vivienda y Urbanismo – DITEC.
Atria F, Larrain G, Benavente JM, et al. (2013). El Otro Modelo. Santiago: Random House Mondadori.
Ayres RL (1973) Electoral constraints and the Chilean way to socialism. Studies in Comparative International Development 8(2): 128–161.
Boano C (2017) Ethics of a Potential Urbanism: Critical Encounters Sign and the Built Environment. London: Routledge.
Boano C, Vergara-Perucich F (2017) Neoliberalism and Urban Development in Latin America. Oxon – New York: Routledge.
Boas TC, Gans-Morse J (2009) Neoliberalism: From new liberal philosophy to anti-liberal slogan. Studies in Comparative International Development 44(2): 137–161.
Brenner N, Peck J, Theodore N (2012) Alternatives of Neoliberalism. London: Bedford Press.
Brown W (2016) Sacrificial citizenship: Neoliberalism. Constellations 23(1): 3–14.
Castells M (1987) Reestructuración económica, revolución tecnológica y nueva organización del territorio. Documentación social 1(67): 43–68.
Cattaneo Pineda RA (2011) Los fondos de inversión inmobiliaria y la producción privada de vivienda en Santiago de Chile: ¿Un nuevo paso hacia la financiarización de la ciudad. ? EURE (Santiago) 37(112): 5–22.
Celik Z, Favro D (1988) Methods of urban history. Journal of Architectural Education 41(3): 4–9.
CNDU (2015) Política Nacional de Desarrollo Urbano. Santiago. Available from: http://cndu.gob.cl/wp-content/uploads/2014/10/L4-Politica-Nacional-Urbana.pdf (accessed 22 July 2020).
Cofré SB (2012) La ciudad socialista: Visión y práctica urbana del partido comunista de Chile, 1967–1973. Revista Izquierdas (13): 47–63.
Cortés A (2014) El movimiento de pobladores chilenos y la población La Victoria: Ejemplaridad, movimientos sociales y el derecho a la ciudad. EURE (Santiago) 40(119): 239–260.
Daher A (1991) Neoliberalismo urbano en Chile. Revista Estudios Públicos 1(43): 281–300.
Davis LE (2017) Financialization and investment: A survey of the empirical literature. Journal of Economic Surveys 31(5): 1332–1358.
De Ramón A (1914) Santiago de Chile. Historia. Catalonia.
Espinoza V (1988) Para Una Historia de Los Pobres En La Ciudad 1. Santiago: Ediciones SUR.
Fernandez R, Aalbers MB (2016) Financialization and housing: Between globalization and varieties of capitalism. Competition and Change 20(2): 1–20.
Follain JR and Giertz SH (2016) US House Price Bubbles and Busts. Public Finance Review 44(1): 132–159.
Fontaine J (1993) Transición Económica y Política en Chile: 1970–1990*. Centro de Estudios Públicos 50(otoño 1993): 229–279. Available at: www.cepchile.cl/cep/site/artic/20160303/asocfile/2016030318 3755/rev50_jafontaine.pdf (accessed 22 July 2020).
Fraser N, Jaeggi R (2018) Capitalism: A Conversation in Critical Theory. London – New York: John Wiley & Sons.
Friedman M, Pinochet A (1975) Friedman-Pinochet Correspondence.pdf. Available at: www.naomiklein.org/files/resources/pdfs/friedman-pinochet-letters.pdf (accessed 22 July 2020).
Gago V, Mezzadra S (2017) A critique of the extractive operations of Capital: Toward an expanded concept of extractivism. Rethinking Marxism 29(4): 574–591.
Golub A (2014) Leviathans at the Gold Mine. Duke University Press.
Gómez-Leyton JC (2000) Democracia y Propiedad Privada En Chile 1925-1973. FLACSO.
González M (2001) Chile, La Conjura: Los Mil y Un Días Del Golpe. Ediciones B.
Greene M, Rosas J, Valenzuela L (2011) Santiago Proyecto Urbano. Santiago: Ediciones ARQ.
Gross P (1990) Santiago de Chile: Ideología y modelos urbanos. EURE: Revista Latinoamericana de Estudios Urbano Regionales. 16(48): 67.
Gross P (1991) Santiago de Chile (1925–1990): planificación urbana y modelos políticos. Revista EURE-Revista de Estudios Urbano Regionales 17(52–53): 27–52.
Harberger A (1979) Notas sobre los problemas de vivienda y planificación de la ciudad. Revista AUCA 37(1): 39–41.
Harvey D (2005) A Brief History of Neoliberalism. New York: Oxford University Press.
Hidalgo Dattwyler R (2004) La vivienda social en Santiago de Chile en la segunda mitad del siglo XX: Actores relevantes y tendencias espaciales. In: Ducci DMC, Rodriguez ME and Yáñez G (eds) Santiago en la globalización ¿Una nueva ciudad?. Santiago: Ediciones SUR & Libros EURE.
Hidalgo-Dattwyler R (2019) La Vivienda Social En Chile y La Construcción Del Espacio Urbano En El Santiago Del Siglo XX. 2nd ed. Santiago: Ril Editores.
Hobsbawm E (1971) From social history to the history of society author. Daedalus 100(1): 20–45. Available at: www.jstor.org/stable/20023989 (accessed 22 July 2020).
Instituto Nacional de Estadísticas (2018) Censos históricos INE. Available at: www.ine.cl/estadisticas/censos/censos-de-poblacion-y-vivienda (accessed 2 May 2016).
Janoschka M, Hidalgo R (2014) La Ciudad Neoliberal: Estímulos de Reflexión Crítica. Santiago: Editorial Universitaria.
Klein N (2010) Milton Friedman did not save Chile. The Guardian, 3 March. London. Available at: www.theguardian.com/commentisfree/cifamerica/2010/mar/03/chile-earthquake (accessed 22 July 2020).
Klein N (2007) The shock doctrine: The rise of disaster capitalism. New York: Allen Lane.
Lawner M, Soto H, Schatan J (2008) Salvador Allende: Presencia En La Ausencia. Lom Ediciones.
Lefebvre H (2003) The Urban Revolution. Minneapolis: University of Minnesota Press.
Ministerio del Interior (1925) Constitución Política de la República de Chile, 1925. Santiago: Congreso Nacional.
Nolff M (1993) Salvador Allende: El Político, El Estadista. Ediciones Documentas.
Pavez MI (1992) Precursores de la enseñanza del urbanismo en Chile periodo 1928–1953. Revista de Arquitectura 3(3)Santiago: 2–11.
Quintana F (2014) Urbanizando con tiza. ARQ (Santiago) (86): 30–43.
Rivera Á (2012) Historia de la política habitacional en el área metropolitana de Santiago. Revsita CIS 16(16): 27–44.
Rodriguez A, Rodriguez P (2009) Santiago, Una Ciudad Neoliberal. Quito: OLACCHI.
Rolnik R (2013) Late neoliberalism: The financialization of homeownership and housing rights. International Journal of Urban and Regional Research 37(3): 1058–1066.
Rosas G (2007) The fragile ends of war. Social Text 25(2): 81–102.
Rossi U, Vanolo A (2015) Urban neoliberalism. In: Wright J (ed.) International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences. London: Elsevier, pp. 846–853.
Salazar G (2003) Historia de La Acumulación Capitalista En Chile (Apuntes de Clases). Santiago: LOM Ediciones.
Salazar G (2012) Clase Magistral – Gabriel Salazar: Padres y Madres de la Patria – YouTube. Available at: www.youtube.com/watch?v=8J2IHjm8muM (accessed 16 November 2017).
Salazar G, Pinto J (2014) Historia Contemporánea de Chile III. La Economía: Mercados, Empresarios y Trabajadores. Santiago: LOM Ediciones.
Salcedo R, Rasse A (2012) The heterogeneous nature of urban poor families. City & Community 11(1): 94–118.
Santa María I (1973) El desarrollo urbano mediante los ‘asentamientos espontáneos’: El caso de los ‘campamentos’chilenos. EURE: Revista Latinoamericana de Estudios Urbanos y Territoriales 3(7): 103–112. Available at: http://mail.eure.cl/index.php/eure/article/download/842/699 (accessed 22 July 2020).
Scarpaci JL, Infante RP, Caete A (1988) Planning residential segregation: The case of Santiago, Chile. Urban Geography 9(1): 19–36.
Solimano A (2014) Neoliberalismo y Desarrollo Desigual : La Experiencia Chilena (2013): 1–19.
Spencer D (2016) The Architecture of Neoliberalism. London: Bloomsbury.
Springer S, Birch K and MacLeavy J (eds) (2016) Handbook of neoliberalism. Oxfam-New York: Routledge.
Stiglitz JE (2010) Freefall: America, Free Markets, and the Sinking of the World Economy. New York: WW Norton & Company, 258 pp.
Valencia M (2007) Revolución neoliberal y crisis del estado planificador. El desmontaje de la planeación urbana en Chile. 1975-1985. Diseño Urbano y Paisaje 4(12): 1–25.
Valencia MA (2008) El desmontaje de la planeación urbana en Chile 1975-1985. La nueva política de desarrollo urbano y transformaciones en la cultura metropolitana (segunda parte). Diseño Urbano y Paisaje 5(15): 1–23.
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